El Gobierno anuncia una ley de muerte digna y cuidados paliativos
Rubalcaba afirma que la norma estará lista en marzo y que regulará las relaciones entre familiares, médicos y enfermos.- El vicepresidente insiste en que no se trata de una ley de eutanasia
ANA ALFAGEME - Madrid - 19/11/2010
Otra cosa es la eutanasia, es decir, la petición de un paciente para
terminar su vida ante una enfermedad irreversible. "Eso es una decisión
personal", se ha limitado a decir el vicepresidente Alfredo Pérez
Rubalcaba, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,
a preguntas de una periodista.
El apoyo al uso de tratamientos
que eviten el sufrimiento en el final de la vida recibe el apoyo casi
unánime de los médicos. En una encuesta reciente, la práctica totalidad
de responsables de colegios profesionales preguntados (97,3%) estaba de
acuerdo en aplicar tratamientos para eliminar el dolor aunque acorten la
vida del paciente. El anuncio de esta ley ocurre cinco años después del
caso Leganés, en que el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), encabezado por Luis Montes,
se enfrentara a una acusación de 400 homicidios tras una denuncia
anónima al practicar sedaciones terminales. El proceso, que reavivó el
debate social sobre la indefensión de los médicos cuando pretenden
aliviar los padecimientos de los enfermos al final de la vida, se
archivó dos años después.
La nueva ley, que se denominará de
Cuidados Paliativos y Muerte Digna, permitirá a cualquier ciudadano
"tener el derecho a morir dignamente, que es tanto como decir morir sin
dolor cuando la ciencia médica permite que así sea". El vicepresidente
ha precisado que se trata de garantizar los derechos de los familiares,
los enfermos y los médicos. "Cuando alguien está terminal, no tiene
solución y lo que le espera por delante es un calvario, hoy la medicina
tiene herramientas para que el paciente acabe su vida sin dolor y
dignamente", ha añadido.
Por otra parte, el debate de la eutanasia o del suicidio asistido se disparó en España tras la muerte, en 1998, de Ramón Sampedro,
un tetrapléjico que se quitó la vida con ayuda de su novia tras pedir
reiteradamente que acabasen con su sufrimiento. Seis de cada 10 médicos
está de acuerdo en que se regule este derecho, según una encuesta de
2002. Quizá porque un 84% de los facultativos consideraba que con los
cuidados paliativos no resolvían todos los casos. En el mismo sondeo,
también más de la mitad (un 57,6%) decían que habían recibido peticiones
para retirar tratamientos y el 19,5% para acelerar la muerte del
enfermo.
El PSOE había incluido en su programa electoral de 2004
crear una comisión parlamentaria para estudiar la eutanasia. No cumplió
su promesa. Tampoco introdujo mención alguna en el plan para su mandato
de esta legislatura.
La eutanasia es, sin embargo, un derecho que
pocos ciudadanos ejercerían (solo el 0,3% de todas las muertes tienen
esta causa, según datos de Bélgica, el último país que ha despenalizado
la eutanasia en 2002), pero que daría el respaldo legal necesario a los
enfermos que lo solicitasen.
Respecto a la nueva norma, que se
centra en los cuidados paliativos y las sedaciones, el vicepresidente
Rubalcaba ha reconocido que "todo el mundo" va a entender esta ley.
"Todo el mundo ha tenido una situación de esta naturaleza", ha
precisado, y ha añadido que él mismo ha sufrido recientemente una
situación de este tipo con un familiar. "Se produce cuando alguien en el
pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar,
su madre, su hermano o su mujer, está muy mal, que se muere
irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy
mal de aquí a que se muera, va a sufrir, y el familiar le dice al médico
si no lo podemos evitarlo", ha explicado Rubalcaba.
"Una ley absolutamente necesaria"
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
ha celebrado la decisión del Gobierno de aprobar una ley que garantice
la calidad y la equidad en el acceso a los cuidados paliativos y a la
muerte digna. Considera que en muchas partes de España -entre ellas la
Comunidad de Madrid- se ha sufrido "un retroceso importante en este
campo, tras el caso de las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de
Leganés", según ha expresado el portavoz de FADSP, Marciano Sánchez
Bayle.
"Una ley de muerte digna es absolutamente necesaria en
estos momentos, ya que es importante que se garantice esta cobertura por
ley y que se asegure que las comunidades autónomas la cumplan, ya que
en muchas el criterio ideológico de sus dirigentes dificulta el acceso a
estos cuidados", ha declarado Sánchez Bayle a Europa Press.
También el Consejo General de Enfermería de España
ha aplaudido el proyecto. Su presidente, Máximo González Jurado, ha
afirmado que él siempre se ha mostrado "partidario de que se respeten
los derechos y la autonomía del paciente" y ha dicho que, si esta norma
significa un avance, "será bienvenida". Ha recordado además que él ya
dio su respaldo a la ley andaluza de muerte digna aprobada el pasado mes
de marzo.
González Jurado no se ha olvidado de los objetores. Ha
reclamado que la futura norma nacional "regule la objeción de conciencia
de los profesionales y preserve también, como un derecho, el principio
de libertad de conciencia" para este colectivo.
Y es que no todo son parabienes al proyecto del Gobierno. El portavoz de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia,
Juan Molina, ha pedido que desarrolle una ley de Cuidados Paliativos
que "vele por la salud, la felicidad y la vida de las personas" y no una
ley que "provoque la muerte". A su juicio, la ley que pretende aprobar
el Gobierno demuestra la "incapacidad" del Ejecutivo para "desarrollar
la dignidad de la vida de las personas".
"La cuestión es
fácilmente contrastable cuando vemos en cada ciudad la falta de camas
que hay, tanto domiciliarias como hospitalarias, que tiene atendidas con
medios del Estado. Ni en las capitales de provincia ni en la del Estado
existe una red de asistencia que garantice la vida y la dignidad de las
personas, especialmente los terminales", ha destacado. Además, Molina
ha lamentando que tengan que ser las organizaciones religiosas y las
familias las que "realicen todo el esfuerzo" para atender a estos
enfermos; y ha recordado que "cuando no se puede velar por la vida de
las personas hay que hacerlo por su felicidad y bienestar".
El proyecto tampoco convence a la asociación Derecho a Morir Dignamente.
Para su presidente, César Caballero, la Ley de Cuidados Paliativos y
Muerte Digna es una medida "electoralista", ya que no supondrá "ningún
avance para los ciudadanos españoles" mientras no se despenalice el
suicidio asistido. Además ha asegurado que el modelo francés, en el que
supuestamente va a basarse la ley, "en muchas cosas está más atrasado
que el español, por lo que este anuncio es más un canto de sirena, de
decir vamos a hacer una ley ahora que hay elecciones a ver si nos
ganamos electorado".
"El fondo sería avanzar hacia la
despenalización del suicidio asistido, pero el Gobierno no quiere
hacerlo, sigue con la coartada de que hasta que todos los ciudadanos no
tengan asegurados los cuidados paliativos no se despenalizará esta
actividad". Sin embargo, "se ha visto que los países que más han
avanzado en este campo son los que han hecho esto antes, como Holanda o
Bélgica", ha resaltado Caballero.
El presidente de Derecho a Morir
Dignamente ha acentuado que "el primer Plan Nacional de Cuidados
Paliativos en España ha sido un fracaso, ya que en diez años sólo han
pasado de cubrir al 15 o el 20% de la población al 35%". "¿Cuántos años
más necesitamos para cubrir al 100%? No sólo es cuestión de leyes,
también lo es de presupuestos", ha aseverado.
Fonte: EL PAÍS (España)
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