Naciones Unidas propone una investigación “pronta, imparcial y eficaz”
Las torturas en Piñero llegaron hasta la ONU
El informe del Comité contra la Tortura alerta sobre lo ocurrido en el penal santafesino en marzo de 2024. El Ministerio Público de la Defensa relevó más denuncias.
Por Luciano Couso
01 de diciembre de 2025 - 0:07
Carcel Piñeiro Las torturas que llegaron a la ONU se produjeron en la cárcel de Piñero. (web)
Mientras el Gobierno provincial promociona como un hecho positivo la construcción de un penal de alta seguridad que denominará El Infierno, el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dedicó unos párrafos en su séptimo informe periódico sobre la Argentina a las torturas ocurridas en marzo de 2024 en la cárcel santafesina de Piñero. De acuerdo al organismo internacional, al menos en esa ocasión se aplicaron tormentos a personas privadas de la libertad que “incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o ‘al seco’ con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales”. Por lo cual, promueve “que se investiguen con prontitud, imparcialidad y eficacia todas las denuncias relativas a actos de tortura y malos tratos” a presos. El contexto rosarino y el clima de época no convocan a ser optimista con el cumplimiento de ese mandato.
Si el hecho que destaca el Comité puede interpretarse como un episodio puntual relacionado al ataque a tiros a dos micros que transportaban personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe por la avenida de Circunvalación de Rosario, el informe de gestión 2024 del Ministerio Público de la Defensa (MPD) revela que lo puntual no es homologable a lo excepcional, al precisar que “se registraron 241 víctimas que reportaron 830 hechos de torturas, malos tratos y otras formas de afectación de derechos en cárceles de la provincia” el año pasado.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas examinó el séptimo informe periódico de la Argentina en sus sesiones celebradas los días 12 y 13 de noviembre pasados, y aprobó en las reuniones del 25 y 26 del mismo mes “las presentes observaciones finales”, señala el texto al que accedió Rosario/12.
En el apartado titulado “Denuncias de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad”, el documento del organismo internacional señala que “el Comité expresa su preocupación por los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024” en todo el país.
De la inquietud a la preocupación
En particular, sigue, “inquietan las informaciones recibidas que denuncian actos de tortura y/o malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de ‘bienvenida’ e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía”.
Pero algo eleva esa inquietud al grado de preocupación: las torturas en la Unidad Penitenciaria N°11 de la provincia, ubicada en las afueras de la localidad de Piñero.
“Preocupan especialmente los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o ‘al seco’ con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto”, sostiene el informe.
En el párrafo siguiente, el punto 21 se refiere a lo que “el Estado Parte debe” realizar ante ese tipo de hechos. El apartado a) llama a “velar por que se investiguen con prontitud, imparcialidad y eficacia todas las denuncias relativas a actos de tortura y malos tratos infligidos a personas privadas de libertad por un mecanismo independiente; garantizar que se lleven a cabo investigaciones sobre las denuncias relativas al penal de Piñero, y que se juzgue y sancione adecuadamente a los responsables”.
Un marzo caliente
El 2 de marzo por la mañana dos micros que transportaban a personal del Servicio Penitenciario por la avenida de Circunvalación, a la altura de barrio Rucci, fueron baleados desde dos automóviles.
Unas horas después se produjo la violenta requisa en la cárcel de Piñero que, como dice el informe del Comité contra la Tortura de la ONU, incluyó submarino en su versión húmedo y seco, abusos sexuales, quemaduras con cigarrillos, picana eléctrica, golpes y otras modalidades de lo que el derecho internacional considera tratos crueles y degradantes.
La nota de Rosario/12 de Sonia Tessa que reflejó esos hechos, denunciados por el área de Violencia Institucional del entonces Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (hoy MPD), dio cuenta de su cronología. La presunta “venganza” de los penitenciarios por el ataque a tiros a los ómnibus tenía antecedentes previos.
El Gobierno de Maximiliano Pullaro, que llevaba tres meses de gestión, buscaba “controlar la cárcel” como un modo de buscar el mismo resultado en “la calle”.
Para eso promovió la aprobación de legislación restrictiva y, en paralelo, echó mano a mecanismos menos amigables con la ley: el 20 y 27 de febrero se produjeron requisas con extrema violencia en el pabellón 23 de Piñero, y ese mismo mes se denunciaron iguales tratos ilícitos en la Unidad Penitenciaria N°16, situada en Pérez. Es decir, ambos casos con anterioridad al ataque criminal a los micros.
Luego se produjeron en unos días los asesinatos de cuatro trabajadores –dos taxistas, un colectivero y el playero de una estación de servicios- que paralizaron la ciudad, al quedar sin servicios públicos ni clases. Para el Gobierno fue el piso de su remontada en materia de seguridad pública.
Torturas masivas
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura argentino también se involucró en aquellos hechos. El 8 y 9 de abril de 2024 miembros del Comité visitaron las cárceles santafesinas aludidas en las denuncias de aplicación de tormentos y en agosto de este año entregaron el informe final sobre el asunto a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Allí constataron “las prácticas planificadas y sistematizadas” del personal del Servicio Penitenciario santafesino aplicadas con “violencia desproporcionada” y “uso excesivo de la fuerza” a reclusos del penal de Piñero, por lo que hay diez empleados imputados en libertad por la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, quien no quiso apurar la investigación y se tomó seis para llevarlos a audiencia imputativa, que llamativamente fueron secretas.
El Comité Nacional cuestionó la calificación legal escogida en primera instancia por la fiscal, que acusó a los penitenciarios por apremios ilegales. “Los relatos de todas las personas que prestaron declaración dan cuenta de conductas objetivamente idóneas para producir un sufrimiento suficientemente intenso para considerar la posibilidad de que se investiguen como ‘torturas’”, sostuvo el informe del organismo, que calcula en más de 100 el universo receptor de la violencia institucional.
“En efecto –continúa el informe- un número considerable de personas entrevistadas por la fiscalía, entre las que se encuentran personas identificadas como víctimas de las conductas delictivas imputadas a los diez agentes, expresaron haber sufrido prácticas pacíficamente reconocidas como métodos de tortura por la doctrina y la jurisprudencia, como la asfixia con bolsas, con métodos húmedos y secos, ahogamiento, sofocación, estrangulamiento; golpes con elementos contundentes en los pies (conocido como ‘falanga’); torturas de posición con posturas forzadas y sujetando a las víctimas en posiciones antinaturales para causar dolor; quemaduras con cigarrillos; amenazas de muerte; privación deliberada de alimentación, agua y atención médica; entre otras”.
Los comisionados también realizaron una observación en relación a que “de las evidencias surgía también que las personas entrevistadas fueron víctimas de delitos contra la propiedad que merecen ser eventualmente investigados, sancionados y reparados”, pero que parecen haber sido absueltos bajo el dicho “ladrón que le roba a un ladrón…”.
Fonte: PÁGINA 12
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