Belíssimo posicionamento dos médicos espanhóis, a favor dos imigrantes ilegais

Exigências legais e burocráticas não podem se sobrepor a necessidades humanas, em nenhum lugar do mundo.

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El gobierno dispuso que los inmigrantes ilegales perderán la asistencia social gratis desde hoy. La medida afecta a 700 mil personas. Pero 1.650 médicos dijeron que los atenderán igual sin cobrarles.

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Más recortes. Médicos y otros profesionales de la salud protestan en Barcelona contra podas en el presupuesto de la sanidad, en noviembre último. /AP

01/09/12

Bajo la constante presión de la arrolladora crisis económica, el gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió barrer con otro pilar del estado de bienestar español: a partir de hoy los inmigrantes indocumentados se quedarán sin asistencia sanitaria. Se trata de una de las medidas de ahorro urgentes decretadas con el fin de evitar un mayor deterioro de este servicio público, sobre el que pesa un déficit de 16.000 millones de euros. Sin embargo, asociaciones médicas y varios gobiernos provinciales se declararon en rebeldía y anunciaron que no acatarán la decisión oficial El Ministerio español de Sanidad anunció que desde hoy, 1 de septiembre, entra en vigencia la nueva ley sanitaria que anula la tarjeta médica de todos los extranjeros que no aportan a la Seguridad Social en el país. De esta manera, los inmigrantes sin papeles sólo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en caso de embarazo. Quedan exceptuados los extranjeros menores de 18 años, quienes recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles, y los que tengan sus papeles en regla.

Para los organismos oficiales la ley dejará sin acceso a la sanidad a al menos 150.000 inmigrantes indocumentados. En cambio las agrupaciones de extranjeros consideran que afectará a por lo menos 700.000 personas . Como alternativa, el gobierno les ofrece a los extranjeros que contraten un servicio médico con todas las prestaciones actuales por 75 dólares al mes. Si bien es un costo muy bajo, resulta inalcanzable para muchos de ellos en un país con una tasa de desocupación que llega al 25 %.

La medida, que resulta muy impopular entre los propios españoles, ya tuvo la oposición de al menos seis regiones autónomas españolas. Las autoridades del País Vasco, Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias y Galicia aseguraron que no dejarán de atender a los inmigrantes.

La nueva ley generó también un movimiento de objeción de conciencia entre los médicos. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC), la más representativa de atención primaria y que agrupa a más de 20.000 profesionales, anima a los médicos a oponerse a la resolución gubernamental. La organización considera que esta medida choca con sus principios éticos y vulnera el código deontológico médico. “ No podemos dejar de atender a personas porque hayan perdido su permiso de residencia ; podrían estar en una situación de indefensión sanitaria”, sostuvo Josep Basora, presidente de SEMFyC.

Un total de 1650 facultativos de esta organización –la mayoría médicos de cabecera– seguirán atendiendo a los “sin papeles”.

El Tribunal de Cuentas argumentó en respaldo de la nueva ley que España gastó 1.300 millones de dólares el año pasado en atención sanitaria a extranjeros no residentes. En un país ahogado por las deudas, el gobierno busca evitar todo desembolso que no le resulte imprescindible.

La realidad es que la nueva ley sanitaria –aprobada en abril– pone un punto final al acceso universal y gratuito que brindan los servicios públicos españoles a cualquier persona, de cualquier nacionalidad y condición. Hasta ahora, en este país no se pagaba un centavo por la atención de una simple gripe o de un complejo transplante de hígado, algo único en Europa.

La intensión básica del gobierno de Rajoy es detener el llamado turismo sanitario , que engloba los casos de extranjeros que aprovechan la calidad y gratuidad de la sanidad ibérica para operarse o recibir costosos tratamientos con cargo al sistema de salud español. Pero, sin duda, el efecto se hará sentir en los más débiles, en este caso las familias inmigrantes.

Ante la implicancia que tendrá para ellos, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (FERINE) convocó para hoy a una movilización de protesta en contra de la decisión gubernamental. Se realizará en forma simultánea en Madrid y otras ciudades, y convocará a colectividades de Latinoamérica y Europa del este.