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quinta-feira, 27 de outubro de 2011

EXEMPLOS DE JUSTIÇA A SEREM IMITADOS PELO BRASIL

PENSO QUE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E MALVERSAÇÃO DE RECURSOS COLETIVOS DEVEM SER MESMO IMPRESCRITÍVEIS.
É PRECISO POR COBRO A TAIS SAFADEZAS DOS QUE, EM DETERMINADOS MOMENTOS, CONSIDERAM-SE PODEROSOS E INATINGÍVEIS.
PAU NESSA CORJA: JUSTIÇA QUE TRANSIGE, PELO SIMPLES PASSAR DE ALGUNS ANOS, NÃO É JUSTIÇA, É COISA DE GOVERNO LENIENTE E MEDROSO.
CONTRA ATOS DE TIRANIA, QUE VITIMAM INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS, COLETIVIDADE, NÃO HÁ POR QUE SE COGITAR DE ANISTIA.
QUE SE ASSEGURE O MAIS AMPLO DIREITO DE DEFESA AOS TORTURADORES E LADRÕES DE DINHEIRO PÚBLICO - ensinando-se-lhes um dos princípios de qualquer autêntica democracia - MAS QUE NÃO SE LHES FACILITE A IMPUNIDADE, SOB PENA DE, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, VIREM A SE MULTIPLICAR E SOBREPUJAR SEUS SEMELHANTES, EM MATÉRIA DE CRUELDADE E ARTIMANHAS.

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A Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou na madrugada desta quinta-feira em caráter definitivo um projeto de lei que declara imprescritíveis os crimes cometidos na última ditadura (1973-1985), antes que o prazo expirasse no dia 1º de novembro.
Após 12 horas de discussão, os deputados aprovaram com os votos da governista Frente Ampla --50 dos 90 legisladores presentes-- o projeto que havia sido votado na terça-feira no Senado e que agora passará ao Poder Executivo para a promulgação.
A norma restabelece o pleno exercício da pretensão punitiva do Estado para os crimes cometidos em aplicação ao terrorismo de Estado até 1º de março de 1985, data do retorno da democracia.
Além disso, declara estes delitos "crimes de lesa humanidade, de acordo com os tratados internacionais", e afirma que "não será computado prazo algum, processual, de prescrição ou de caducidade" para o julgamento.
O projeto de lei derruba de fato a denominada Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado, aprovada em 1986 quando a justiça começava a indiciar militares por violações aos direitos humanos, e um ano e meio depois de outra norma que anistiou a maioria dos presos políticos.

Fonte: FOLHA DE SP

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Prisión perpetua para Astiz, uno de los símbolos del horror de la dictadura

El ex marino fue sentenciado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Ya tenía condenas similares en Francia e Italia. También recibieron la misma pena los represores Jorge "Tigre" Acosta y Antonio Pernías, entre otros.



Inmutable. Así se mostró Alfredo Astiz, uno de los emblemas del horror provocado por la última dictadura militar, al recibir la pena de prisión perpetua  en el marco de la causa ESMA, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en el mayor centro de tortura y exterminio que tuvo Argentina. El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py aplicó la misma condena a Jorge "El Tigre" Acosta, Ricardo "Sérpico" Cavallo, Antonio "Rata" Pernías, Raúl "Mariano" Scheller, Oscar Antonio Montes, Alberto "Gato" González, Jorge "Ruger" Radice, Adolfo Donda, Julio Coronel, Ernesto "220" Weber y Néstor Savio. Mientras que para Manuel García Tallada y Juan Carlos "Lobo" Fotea, la pena fue de 25 años de cárcel. En tanto, Carlos Capdevilla y Juan Antonio "Piraña" Azic recibieron 20 y 18 años de cárcel, respectivamente. En cambio, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos.


En el marco de la megacausa de la ESMA, que demandó más de 22 meses de debate y  los testimonios de más de 200 testigos, el tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli había decidido sentar en el banquillo de los acusados a 18 represores. Entre los delitos que se les imputaba, figuraban el secuestro, tortura y homicidio de 86 personas, entre ellas tres (Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga) de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, el periodista Rodolfo Walsh y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

La Fiscalía y las querellas habían pedido perpetua para Astiz, Acosta, Cavallo, Radice, Rolón, Pernías, García Velazco, Coronel, Donda, Scheller, Fotea, Savio y González, y 25 años de prisión para Montes, García Tallada, Capdevilla y Azic.La expectativa, entonces, era enorme. Desde temprano el frente del Tribunal de Comodoro Py se fue poblando por familiares y miembros de movimientos de derechos humanos, políticos, sociales y sindicales. Se dispuso allí un palco, con equipos de sonido y la pantalla televisiva, donde se siguió la lectura del veredicto y donde cada condena fue festejada a puro grito y emoción.

Visiblemente conmovida lucía Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien destacó que la lectura de la sentencia que condenó a 16 represores de la ESMA constituyó "otro día histórico, uno de esos días que jamás las Madres pensamos que íbamos a vivir".

Pero para muchos este es sólo el primer paso. "En términos jurídicos, la lectura de la sentencia es la culminación de una lucha de dos años", dijo Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, quien subrayó que este juicio abarcó sólo a una parte menor de los casos denunciados y "a una miserable cantidad de represores", además de deplorar las dos absoluciones.

Otro sobreviviente, Enrique Fukman, también dijo tener "sensaciones contradictorias: la alegría de llegar a este momento, después de tantos años de lucha, y la convicción de que esta causa es una parcialidad" que deberá seguir con más procesamientos.

El momento de mayor emoción se vivió cuando llegó la condena para Astiz. Acusado -entre otros delitos- del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, Astiz fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de las Madres. Por ese motivo, en 1990, Astiz había sido condenado en rebeldía por el Tribunal de lo Penal de París a la pena de reclusión criminal a perpetuidad y desde entonces no pudo salir de Argentina debido a la demanda de arresto por parte de Francia.
Pero hasta hoy, Astiz nunca había sido condenado en el país porque fue beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), que eximieron de responsabilidad penal a los militares de menor rango.


Sin embargo, en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las causas contra Astiz se reabrieron, le fue aplicada la prisión preventiva.

El represor volvió a ser noticia en 2004, cuando le detectaron un cáncer de páncreas y debieron operarlo casi en secreto en el Hospital Naval.
Mucho antes, a fines de los 90, y cuando Astiz estaba convencido de que la impunidad lo protegía, en diversas entrevistas periodísticas se definió como "un oficial que obedecía órdenes sin cuestionarlas ni cuestionarse".



En 2001, el gobierno de Italia pidió su extradición para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos de ese país, y cuando una jueza federal ordenó a Interpol que lo buscara para arrestarlo, el ex marino se presentó detenido.


(Fuente: Agencias), via CLARIN (Argentina)

2 comentários:

Unknown disse...

Não gostei :(

Unknown disse...
Este comentário foi removido pelo autor.