Corrupción en Argentina
EE UU, preocupado por la corrupción oficial en Argentina
Más de cien cables de la embajada americana alertan del frágil sistema judicial y de la impunidad de quienes delinquen
JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid - 08/02/2011
El fenómeno de la corrupción oficial en Argentina preocupa a
Estados Unidos, cuya embajada en Buenos Aires envió al Departamento de
Estado más de cien despachos confidenciales, a lo largo de varios años,
alertando sobre la fragilidad del sistema judicial en el país
sudamericano y, consecuentemente, sobre la impunidad de quienes
delinquen. Sin auténtica voluntad política para erradicarla, la
corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la
política, según denuncia un informe enviado a Alberto. R. Gonzales,
entonces Fiscal General de EE UU, poco antes de su viaje a Buenos
Aires.
- Nacimiento:
- 19-02-1953
- Lugar:
- La Plata, provincia de Buenos Aires
Cristina Fernández de Kirchner
A FONDO
La mayoría de los países de América Latina ocupan, con Venezuela a la
cabeza, puestos lamentables en la clasificación de Transparencia
Internacional (TI), ya que la corrupción atraviesa los negocios y la
política, y las denuncias no resueltas sobre comisiones ilegales y
sobornos son innumerables. Venezuela, Argentina, Paraguay, México
Honduras, Ecuador o Bolivia figuran entre las naciones más castigadas
por la corrupción oficial y la impunidad.
La renuncia del fiscal argentino anticorrupción Manuel Garrido
, en marzo de 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su
trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue recibida con
desagrado por la legación diplomática norteamericana. La embajada había
seguido atentamente las investigaciones de Garrido sobre el sospechoso
incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del
entorno presidencial. "Los recientes movimientos del gobierno argentino
socavan la independencia y la eficacia de los organismos con
jurisdicción sobre casos de corrupción", condenó la embajada.
A
pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone de una
oficina anticorrupción, esta se ha centrado fundamentalmente en
investigar los casos ocurridos durante las administraciones de Carlos
Ménem (1980-1999) y de Fernando de la Rúa (1999-2003). "Pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner"
, subrayan los funcionarios norteamericanos. Las apreciaciones sobre
los Kirchner son imputables a todos los gobiernos argentinos, cuyos
responsables ignoraron o minimizaron en su día las denuncias en su
contra.
La frustración del juez Garrido, que después de más de
cien investigaciones no pudo lograr una sola condena, es entendible a
tenor del promedio judicial argentino: desde 1986, únicamente se han
registrado 50 sentencias condenatorias. La mayoría de las causas que
llegan a los tribunales acaban extinguiéndose puesto que los procesos se
eternizan una media de 14 años, según el Centro para el Estudio y la
Prevención de los Delitos Económicos. Solo 15 de cada 750 acaban en el
procesamiento de los denunciados. Casi todo está bajo sospecha en los
cables de la embajada: desde el vértice del Estado hasta el funcionario,
el comandante de provincias o el policía de comisaría enlodado con la
prostitución y el tráfico ilegal.
Investigación de comisiones
El
formato del fenómeno es variado. El ex Ombudsman, Eduardo Mondino,
confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias
sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el gobierno
argentino a todos los contratos privados con un tercer país" . La
oficina de Mondino trataba de determinar si se trataba de soborno o de
malversación, y si el dinero obtenido fue depositado en un banco de
Estados Unidos. El embajador prometió ayudar con cautela dado lo
"delicado" del asunto.
Un cable implicó, de nuevo, al ministro de
Planificación, Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero
delegado de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno de
sus ayudantes le había pedido dinero. "De Vido no tuvo interés en
conocer el nombre del funcionario que ofendió (al consejero delegado) y
en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de
soborno".
Los episodios vividos por empresarios y banqueros de
diferentes nacionalidades podrían certificar la veracidad del contenido
de las denuncias recogidas por la embajada norteamericana. Un banquero
español escuchó una y otra vez en Buenos Aires, al principio con
incredulidad, que debía contactar con el denominado "grupo K" para solucionar
sus problemas. La conclusión del diputado conservador Federico Pinedo
fue que las relaciones con Néstor Kirchner (fallecido el pasado año)
"son más importantes que las instituciones". Las declaraciones fueron
efectuadas a raíz del escándalo por presunta corrupción en el manejo de
fondos públicos que golpeó directamente al jefe del Ejército, general
Roberto Bendini, en 2008.
Corrupción entre militares
La embajada alude también de la corrupción entre los militares
, cuyas consecuencias rara vez son penales. "Los escándalos por
corrupción en Argentina comienzan con mucho ruido para disiparse después
en el olvido, debido a la parsimonia de las "investigaciones" y el
interminable peloteo judicial a los que son sometidos", resume un
despacho, que cita la debilidad de la arquitectura anticorrupción
nacional como fundamento de todos los males.
Otro informe recoge otra forma de corrupción: la captación política de los jueces con causas importantes a su cargo
. Los magistrados, si aceptan, deben abandonar esas causas o
paralizarlas, el objetivo pretendido por quienes les ofrecieron espacio
en su listas electorales. La envergadura del problema es enorme: los
argentinos sacaron del país en torno a los 130.000 millones de dólares,
la mayoría procedentes de la evasión fiscal y la corrupción política.
Para tratar de lograr su regreso, el gobierno aprobó una ley de amnistía
impositiva, sobre cuyos resultados y verdaderas intenciones aun existen
recelos.
Dos abogados consultados por la embajada norteamericana
coincidieron en que el gobierno de Kirchner presionó tanto para que
aprobara esa ley, pese a las dudas sobre su efectividad, para "permitir a
funcionarios del gobierno y sus cómplices en el sector privado
blanquear el efectivo procedentes de las comisiones, sobornos y otras
formas de corrupción oficial, y legitimar negocios turbios, por ejemplo
el juego".
Fonte: EL PAÍS (España)
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