La Fiscalía denuncia al gurú hinduista de Granada por uso "sistemático de técnicas de persuasión coercitiva"
Unos ex afiliados afirmaron que la organización era sectaria y obligaba a firmar "contratos de exclavitud"
La Fiscalía de Granada ha decidido interponer denuncia contra
Antonio Javier Plazas, el supuesto gurú de la comunidad hinduista de la
rama védica Vadika Pratisthana Sangha por hacer un uso "sistemático de
técnicas de persuasión coercitiva", "engañando y presionando
psicológicmente" a los integrantes de su congregación.
El fiscal, tras una investigación iniciada en verano,le
atribuye un delito de asociación ilícita y tantos delitos contra la
integridad moral como personas afectadas, que podrían ser una veintena
de toda España.
El Ministerio Público considera que, desde que se
fundó la comunidad, a principios de los años ochenta, el denunciado "de
manera personal y valiéndose de aquellas personas que componen la
estructura jerarquizada" de la congreación, "ha venido llevando a cabo
actos consistentes en la captación de personas en satisfacción de sus
intereses personales", según consta en el decreto que el fiscal ha hecho
público este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press.
Utilizando
como "reclamo" el atractivo de la religión y la cultura hinduista y
aprovechando en ocasiones la "debilidad" de quien acudía a ellas por
problemas familiares, laborales, psicológicos e incluso físicos, el
líder, aplicaba técnicas abusivas y coercitivas en el grupo, tales como
permitirles tan sólo una comida al día, tres o cuatro horas únicamente
de sueño, deberes y responsabilidades "constantes", incluso con
"contratos de esclavitud".
Como en todos los casos de esta índole, hay dos versiones.
La comunidad hinduista de Granada Vadika Pratisthana Sangha,acusada de
"esclavizar" a jóvenes y someter sexualmente a las mujeres que
pertenecen a ella,atribuyen la denuncia a una "persecución religiosa" y a
una "campaña de difamación". Las familias de varias ex adeptas, todas
mayores de edad, pusieron los hechos en conocimiento del Defensor del Ciudadano, Melchor Sáiz-Pardo, que trasladó la información a la Fiscalía.
Fonte: EL PAÍS (España)
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